Declaración del Consello sobre la reforma de las tasas judiciales
Respecto de la modificación de la Ley de Tasas operada por Real Decreto-Ley dictado el pasado viernes, 27 de febrero de 2015, el Consello da Avogacía Galega quiere manifestar lo siguiente:
Desde que la abogacía institucional tuvo noticia de la intención del Gobierno de España de instaurar de forma generalizada las tasas judiciales, en una cuantía fuera de todo límite razonable, fueron constantes nuestros actos y manifestaciones públicas de protesta, pidiendo su derogación y eliminación.
Cuando finalmente la Ley fue publicada, en ausencia de todo debate, la abogacía dejó de estar sola en la protesta, y poco a poco fueron sumándose las críticas, a medida que crecían las injusticias a causa de su aplicación.
La prematura publicación cogió a la propia administración tributaria desprevenida, pues aún tardaron algunos días o semanas en disponer de impresos normalizados para la liquidación de la tasa. A los tres meses de la entrada en vigor no tuvieron más remedio que suavizar la ley, rebajando algunas cuantías y ampliando los supuestos de exención subjetiva.
Para entonces el Consello da Avogacía Galega ya había declarado al ministro Ruíz-Gallardón como persona non grata. Consideración que se debía no solamente a su condición de impulsor de tan antidemocrática ley sino, sobre todo, por faltar a su palabra y hacer justamente lo contrario de lo que, entre aplausos, había prometido en nuestra propia casa, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid.
Fue necesaria la dimisión del ministro promotor de este despropósito y la protesta generalizada de todos los agentes jurídicos, para que el actual ministro proponga y consiga, más de dos años después, una reforma de urgencia, ampliando a las personas físicas la exención subjetiva de las tasas.
Lo que nosotros deseábamos y solicitábamos era la derogación de la norma. Mas no deja de ser una buena noticia la exención de las tasas para las personas físicas, y hay que considerarlo un logro de la ciudadanía.
Un logro liderado por la abogacía institucional, pero en él también tuvieron implicación activa otros colectivos, operadores jurídicos, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, y los propios abogados y abogadas, tanto a título personal como organizados en redes sociales de forma ejemplar. Toda la ciudadanía supo apreciar la dimensión del problema y los medios de comunicación no dejaron de hacerse eco de todas nuestras protestas.
A todas las personas e instituciones que participaron en estas protestas, a favor de la efectividad de los derechos, queremos decirles que sus esfuerzos valen la pena, porque su lucha, que es la nuestra, es la lucha por la Justicia.
A todas ellas muchas gracias.
El Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre las cuestiones y recursos interpuestos. Su demora, intolerable, va contra su propia doctrina, según la cual una justicia tardía no es justicia.
Nosotros seguiremos demandando la derogación de las tasas judiciales, que no dejan de ser desproporcionadas e injustas aunque no se apliquen a las personas físicas.
